Compañeros de la comunidad del Plan 3000 fueron el domingo 4 de mayo a denunciar el fraude electoral, y con pruebas en mano enseñaron a la Corte Electoral de Santa Cruz y a la prensa internacional las papeletas marcadas que llegaron al Plan 3000 y las cuales evidenciaban el fraude del referéndum.
El Prefecto de la Corte en vez de tomar y considerar dicha denuncia, efectuó la detención y aprensión ilegal de los compañeros. Esta acción se suscitó entre insultos y maltratos físicos que se les propinó no sólo a los dirigentes sino también a la prensa internacional por parte de funcionarios de la Corte Electoral de Santa Cruz y de autonomistas enardecidos. El día de hoy, un juzgado determinó la prisión preventiva de dos de los seis detenidos, por supuesto riesgo de obstaculización del proceso.
La detención de los compañeros no posee ninguna legalidad jurídica, es por esto que consideramos que esta detención es política. Se quiere acallar al pueblo intimidando y atropellando. No quieren que el fraude sea denunciado. No quieren que el mundo se entere del fraude que se gestó y por el cual se proclamaron vencedores con la farsa de un 80%.
¡Demandamos la pronta liberación de los compañeros!
¡El Plan 3000 sigue de pie y movilizado!
Juez envía a cárcel de Palmasola a denunciantes del fraude en consulta cruceña
(Fuente ABI) Un Juzgado en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz determinó, este miércoles, la detención preventiva de Romeo Amodeo Amorín y Jimena Dalia Mamani Poma, en el penal de Palmasola de Santa Cruz, porque estos podrían obstaculizar el proceso judicial que se les inició por el presunto delito de impedir la realización de la consulta cruceña, el pasado domingo.
Justos pagan por pecadores
Amorín fue detenido el domingo en el Centro Internacional de Prensa, junto a otros cinco ciudadanos, antes de denunciar el fraude de la consulta del pasado domingo sobre el estatuto autonómico. Fueron detenidos y acusados por los presuntos delitos de maltrato y agresión a una periodista, robo de ánforas y papeletas electorales.
Amorín negó ser funcionario gubernamental y haber sustraído material electoral, como señalaron los medios dominantes, y dijo que acompañó a ciudadanos cruceños que llegaron al Centro Internacional de Prensa para mostrar pruebas del fraude en las mesas del Plan Tres Mil.
"El único propósito era hacer conocer a la prensa internacional el fraude que se estaba perpetrando en las escuelas del Plan 3000, que los propios vecinos descubrieron y comisionaron al grupo para que haga la denuncia", señaló.
Sin embargo, terminaron acusados y detenidos. Amorín dijo que Alaín Núñez, autoridad electoral, presente en el Centro de Prensa, puso al grupo en manos de una turba enardecida, que "los mantuvo cautivos en una vagoneta, agrediéndolos permanentemente", hasta que la Policía Departamental los rescató y los condujo a la FELC.
Expresó también que, en este caso, la justicia trata de hacer que justos paguen por pecadores: resulta que quienes denunciaron el fraude ahora están detenidos.
La acusación la adelanta Podemos, partido de la oligarquía
El diputado suplente de Poder Democrático Social (Podemos), Walter Arrázola, presentó la demanda, exigiendo cárcel para los acusados por haber denunciado fraude en la consulta del domingo.
Por su parte, el abogado defensor Omar Barrientos informó que se presentó un recurso de Hábeas Corpus para lograr que Amorín y Mamani sean liberados.
El Juez también determinó hoy la liberación y la aplicación de medidas sustitutivas a la retención de los otros cuatro imputados: Eduardo Quispe, Hugo Cayo, Portugal Quispe y la menor de edad, Brenda Segovia (17). Indicó que en el caso de Romeo Amorín y de Dalia Madani hay "el peligro" de que los imputados se fuguen o que en todo caso "obstaculicen" de alguna forma el proceso que se les ha iniciado.
El abogado Omar Barrientos señaló que el argumento de la obstaculización "es utilizado por cualquier juez cautelar cuando quiere cometer una barbaridad, como lo que acaba de suceder".
"Ni siquiera el fiscal ha pedido la detención, ni siquiera la parte civil solicitó la detención, esta es cosecha del juez. Es un acto de barbarie", denunció.
El juez liberó a los otros imputados, y determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, impidiendo que concurran a la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, y obligándoles a presentar en el plazo de siete días, dos garantes que acrediten que ellos cuentan con un domicilio y un trabajo.
Protesta contra la injusticia
Más de 50 vecinos del Plan Tres Mil, protestaron en la sala penal por la decisión y acusaron al juez Fernández de haberse "parcializado con las logias". Luego de ser desalojados, siguieron la protesta ante la Corte Superior de Distrito.
"Este el tipo de autonomía que ellos quieren, manipulando la justicia", protestaron a gritos los vecinos. "Ya se venía venir, esta determinación porque se ve que los jueces están siendo presionados por el prefecto (Rubén Costas) y las logias que manejan este pueblo", dijo uno de ellos.