Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967

ONU. Consejo de Derechos Humanos. 2do. período de sesiones (A/HRC/2/5) 05-09-2006

Versión editada por ANMCLA Líbano* .05-10-2006

John Dugard, Relator Especial y jurista sudafricano, visitando Gaza en 2001. Dugard ha defendido la necesidad de un embargo de armas a Israel, a semejanza del que hizo tambalear al apartheid sudafricano. Israel no reconoce su mandato, y aunque le permitió visitar Palestina en junio de 2006, antes de la nueva ofensiva, no le permitió viajar en medio a la agresión. El informe orginal consta de una sección sobre la guerra actual contra Gaza y varias sobre la ocupación. En la versión editada, se han condensado en dos secciones, la primera sobre los aspectos de la ocupación, incluyendo los muchos muros que la "única democracia de Medio Oriente" construye para seguir anexionándose territorio palestino - como el propio Relator destaca - y la segunda sobre los horrores de la actual ofensiva. Dugard concluye su informe denunciando la impunidad de Israel, la complicidad del "cuarteto" y llamando a la solidaridad activa de la comunidad internacional en general (es decir, aquella a la que la gran prensa nunca alude cuando usa ese concepto).

I. La ocupación: un grave atentado contra los derechos humanos de los palestinos

Este informe no resulta agradable de leer. Israel está violando importantes normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Aunque no puede por menos que reconocerse que Israel se enfrenta a una amenaza de seguridad y tiene derecho a defenderse, no debe olvidarse que la causa fundamental de la amenaza de seguridad es la continuidad de la ocupación de un pueblo que desea ejercer su derecho a la libre determinación en un Estado independiente.

El Gobierno de Israel prefiere no reconocer el hecho de que el territorio palestino ocupado, es decir la Ribera Occidental y Gaza, incluida Jerusalén oriental, es territorio ocupado, y prefiere hablar de los "territorios en disputa" y afirmar que con la retirada de los colonos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en agosto de 2005, se puso fin a la ocupación de Gaza. Se trata de un error de hecho y de derecho.

La Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad e incluso el Tribunal Supremo de Israel han afirmado que el territorio palestino ocupado es y sigue siendo territorio ocupado y que, por lo tanto, su régimen jurídico es especial. Hay que admitir que no es una ocupación habitual, ya que se ha prolongado casi 40 años. Para algunos, la duración de la ocupación permite asimilarla a una situación de colonialismo o apartheid. Aunque la conducta de Israel a veces se parece a la de una Potencia colonial o de un régimen de apartheid, es más correcto clasificar a Israel como una Potencia ocupante en el territorio palestino ocupado y aplicarle las normas del derecho internacional relativas a la ocupación.

Asentamientos: No debe permitirse que los eufemismos oculten la dura realidad

Muchas de las políticas y prácticas de Israel en la Ribera Occidental atentan gravemente contra los derechos humanos de los palestinos. El muro que se está construyendo en el territorio palestino, los puestos de control y los controles de carreteras, el arbitrario sistema de concesión de pases, los derribos generalizados de viviendas, los asesinatos selectivos, y las detenciones y los encarcelamientos violan toda una serie de derechos civiles y políticos. La crisis humanitaria provocada por la ocupación atenta también contra los derechos económicos y sociales.

A pesar de la ilegalidad de los asentamientos judíos en la Ribera Occidental y de la unánime condena de éstos por la comunidad internacional, el Gobierno israelí sigue permitiendo su expansión, que a veces se produce abiertamente y con la plena aprobación del Gobierno israelí. Aunque algunas veces los asentamientos se extienden vulnerando las leyes israelíes, no se hace ningún intento por aplicarlas. Debido a esta expansión, la población de colonos en la Ribera Occidental asciende a 245.000 personas y la de Jerusalén oriental a unas 200.000. El muro está siendo construido tanto en la Ribera Occidental como en Jerusalén oriental rodeando a la mayoría de los asentamientos. Además, los tres grandes bloques de asentamientos de Gush Etzion, Ma'aleh Adumim y Ariel dividirán en la práctica el territorio palestino en cantones, destruyendo así la integridad territorial de Palestina.

La política de "desconexión unilateral", "convergencia" o "realineamiento" propuesta por el Gobierno israelí prevé claramente la anexión ilícita de grandes partes del territorio palestino. No debe permitirse que los eufemismos utilizados para describir esa política oculte la dura realidad.

Derribo de viviendas: el odiado bulldozer

El derribo de viviendas es una característica corriente de la ocupación, que está simbolizada por el odiado bulldozer. Tradicionalmente, la potencia ocupante ha destruido casas como medida punitiva (cuando un residente de la vivienda ha cometido un delito contra Israel), por necesidad militar, o cuando el edificio no contaba con permiso de construcción. Últimamente se han destruido casas por otras razones: en primer lugar para permitir la construcción del muro y, en segundo lugar, para detener a personas buscadas. Como se recordará, el año pasado, el Tribunal Superior de Israel prohibió el uso de civiles palestinos como escudos humanos en las operaciones de arresto. Actualmente, si se sospecha que una persona buscada se encuentra en una casa determinada y se niega a entregarse, la casa es arrasada por un bulldozer. He sido testigo de la destrucción de casas de esta forma en el campamento de refugiados de Balata, cerca de Naplusa.

Durante muchos años Israel ha destruido viviendas que se habían construido sin permiso, aduciendo que al hacerlo no hacía más que aplicar las normas municipales sobre la vivienda como lo hacen otras sociedades desarrolladas. Al aducir ese argumento no se tienen en cuenta dos factores: en primer lugar una potencia ocupante no puede destruir viviendas de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. En segundo lugar, se deniegan permisos en forma tan arbitraria y con tal regularidad que a los palestinos les es virtualmente imposible obtener permisos para construir casas. El sistema de concesión de permisos en Jerusalén oriental se administra de forma diametralmente distinta según los solicitantes sean palestinos o israelíes.

Puestos de control: humillar a los palestinos

El número de puestos de control, que comprenden las barreras, los montículos de tierra, y las zanjas para controlar las carreteras, ha aumentado de 376 en agosto de 2005 a más de 500 en la actualidad. Esos puestos de control dividen a la Ribera Occidental en cuatro zonas distintas: norte (Naplusa, Yenin y Tulkarem), centro (Ramallah), sur (Hebrón) y Jerusalén oriental. Dentro de esas zonas se han creado otros enclaves mediante un sistema de puestos de control y controles de carreteras.

Las ciudades quedan aisladas entre sí porque se exige la posesión de un permiso para viajar de una zona a la otra y, como es habitual, resulta difícil obtener esos permisos. Las normas relativas a la concesión de permisos cambian constantemente, en particular con respecto a la edad de las personas a las que se deniegan los permisos. Además, los procedimientos burocráticos para obtener los permisos son arbitrarios y dilatorios. La situación ha empeorado desde que Hamás llegó al poder, ya que los solicitantes de permisos deben presentar directamente sus solicitudes a la administración civil israelí porque el Gobierno de Israel se niega a cooperar con las autoridades del Gobierno palestino. El sistema de permisos explica también el declive económico del territorio palestino ocupado pues impide la libre circulación de las mercaderías y los trabajadores.

Israel justifica los puestos de control por motivos de seguridad. Se hace difícil aceptar esa justificación de la mayor parte de los puestos de control. Después de todo, el muro ya constituye una barrera de seguridad eficaz entre Israel y el territorio palestino ocupado y hay una línea de puestos de control a lo largo de la franja de tierra en la que se ha establecido el bloque de asentamientos de Ariel que es suficiente para proteger debidamente a los israelíes. Por consiguiente, la existencia de los puestos de control de otras zonas, como los que rodean a Naplusa, no parece poder explicarse por razones de seguridad. Cabe, pues concluir que el principal objetivo de muchos de los puestos de control es recordar a los palestinos que los israelíes controlan sus vidas y, además, humillarlos.

Contra el derecho a la vida en familia

El derecho a la vida en familia está reconocido en todas las convenciones de derechos humanos. En el territorio palestino ocupado Israel atenta contra ese derecho de diversas formas. En primer lugar, el muro erigido entre los distintos barrios de Jerusalén separa a los palestinos con documentos de identidad de Jerusalén de los que tienen documentos de la Ribera Occidental. El 18% de las viviendas palestinas de Jerusalén están separadas del padre y el 12% de las viviendas están separadas de la madre. En segundo lugar, las autoridades han iniciado una política de denegación de acceso a los palestinos con pasaportes extranjeros. La medida afecta a 50.000 palestinos que viven en la Ribera Occidental, a los que ahora se les pueden negar las visas. En tercer lugar, hay una ley israelí sobre la ciudadanía que prohíbe a los palestinos que se casan con árabes israelíes vivir con sus cónyuges en Israel.

10.000 presos palestinos: destrucción, palizas, ataques de perros, registros corporales humillantes

Es evidente que Israel no trata de ganarse los corazones y las mentes con la administración de justicia; sino que actúa con mano de hierro en los arrestos, y en el trato de los detenidos y de los presos. La situación parece haber empeorado desde que Hamás ganó las elecciones. Los arrestos suelen ir acompañados de destrucción y deterioro de bienes, palizas, ataques de perros dentro de viviendas de civiles, registros corporales humillantes y de incursiones durante las primeras horas del día. Los interrogatorios de los detenidos se llevan a cabo con una mezcla de presiones psicológicas y de violencia física. El número de presos sigue aumentando. En la actualidad hay en las cárceles israelíes más de 10.000 presos palestinos, entre ellos mujeres y niños. La situación de los niños es particularmente preocupante, pues muchas veces se ven obligados a compartir celda con presos adultos, no reciben enseñanza y no pueden ponerse en contacto con sus familias.

Un muro manifiestamente ilegal

El muro que Israel está construyendo principalmente en territorio palestino es manifiestamente ilegal. Actualmente ya no puede negarse seriamente que el fin del muro es apropiarse de las tierras que rodean los asentamientos de la Ribera Occidental e incluir a éstos en Israel. El hecho de que el 76% de la población de colonos de la Ribera Occidental quede rodeada por el muro lo confirma.

Se ha calculado que cuando esté terminado, 60.500 palestinos que viven en 42 aldeas y pueblos de la Ribera Occidental quedarán encerrados en la zona que se encuentra entre el muro y la Línea Verde. Los más de 500.000 palestinos que residen a menos de 1 km del muro se encuentran en el lado oriental de éste pero deberán atravesarlo para llegar a sus campos y a sus trabajos y para mantener los contactos familiares.

En la actualidad hay unos 73 pasos en el muro, pero sólo 38 de ellos son accesibles a los palestinos, que sólo pueden usarlos si poseen el permiso adecuado. Para obtener un permiso deben superarse numerosos obstáculos. Los procedimientos burocráticos para la concesión de los permisos son humillantes y dilatorios. Si bien no se poseen datos precisos, según cálculos a la baja, al parecer se deniega el 40% de los permisos.

Los obstáculos al acceso a la zona cerrada han tenido graves consecuencias para la agricultura de la zona. Como en la actualidad muchos palestinos vuelven a sus tierras debido a que no se pagan los sueldos de los funcionarios públicos y a que se han cerrado muchas empresas privadas en las ciudades, el sistema de permisos incide negativamente en el empleo y los medios de vida de los palestinos.

Jerusalem: Ingeniería social para la “judeización” de la ciudad

El muro de 75 km que rodea Jerusalén se utiliza para introducir grandes cambios en la ciudad, donde se trata de lograr que Jerusalén adquiera un carácter predominantemente judío, socavando así las reivindicaciones palestinas de Jerusalén como capital de un Estado palestino independiente. Para ello se construye el muro a través de barrios palestinos de Jerusalén oriental. Ello tiene consecuencias graves para los derechos humanos de unos 230.000 palestinos que viven en Jerusalén. A esos habitantes les será cada vez más difícil viajar a las ciudades de la Ribera Occidental como Ramallah y Belén, donde muchos de ellos tienen sus empleos.

Jerusalén oriental no es parte de Israel; es territorio ocupado según el Cuarto Convenio de Ginebra. No debe permitirse que este hecho, recordado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, quede oculto por el ilegal intento de anexión de Jerusalén oriental por parte de Israel. La construcción del muro a fin de lograr la judaización de Jerusalén es un descarado ejemplo de ingeniería social que impone graves penalidades a los palestinos en todos los aspectos de sus vidas.

El minimuro de Hebrón: libre circulación para los colonos

En el sur de Hebrón, Israel está construyendo un "minimuro" a lo largo del lado norte de las carreteras de circunvalación de los colonos de la zona. Este muro, de aproximadamente 1 m de alto, tiene como fin impedir que los vehículos palestinos pasen por la carretera principal y permitir a los colonos usar libremente las carreteras de circunvalación. Veintidós comunidades palestinas y más de 1.900 palestinos quedarán encerrados entre el minimuro de la carretera y el muro principal que se está construyendo actualmente a los largo de la Línea Verde.

El minimuro dificultará el acceso de los palestinos y de sus 24.000 cabezas de ganado a los pastos que se encuentran al otro lado. Se añadirá a las dificultades que ya sufren las comunidades palestinas que viven en el sur de Hebrón, donde las clínicas, escuelas y servicios de suministro de agua son deficientes; el agua debe transportarse en camiones desde principios del verano y los sistemas de recogida de aguas de lluvias empiezan a secarse. El Gobierno israelí se ha negado a conectar las comunidades palestinas a su sistema de distribución de aguas, que está reservado a los colonos. Por si la situación no fuera suficientemente grave, el Gobierno israelí no concede permisos para construir viviendas.

La aldea de Tuwani no dispone de electricidad ni de sistemas de saneamiento ni distribución de agua y se ha prohibido la construcción de nuevas casas en ella. Además, la población sufre los actos de violencia de los colonos del vecino asentamiento de Ma'on. Los niños palestinos deben ir a la escuela escoltados por las FDI, que los protegen de los colonos. Los colonos también han envenenado las tierras.

El valle del Jordán: Israel pretende quedarse permanentemente

La intención de Israel de quedarse permanentemente en el valle del Jordán se expresa claramente en las declaraciones del Gobierno, y también se manifiesta, en primer lugar, en las restricciones impuestas a los palestinos y, en segundo lugar, en el control que ejercen los israelíes y el aumento en el número de asentamientos en el valle.

La mayor parte de las tierras del valle del Jordán están controladas por asentamientos judíos o son utilizadas como zonas militares. Solamente el 4% del valle es accesible a los 47.000 palestinos para usos agrícolas y residenciales. Unos 8.300 colonos viven en el valle del Jordán y su número va en aumento debido al reasentamiento de los colonos de Gaza. Mientras que la mayoría de las aldeas palestinas no disponen de electricidad ni agua, los colonos están conectados a los sistemas de distribución de electricidad y agua de Israel. Además, los 8.300 colonos del valle del Jordán consumen más agua cada año que los 47.000 palestinos que viven en la zona.

Los palestinos que viven en el valle del Jordán deben poseer tarjetas de identidad donde conste su dirección en el valle. Para entrar en el valle del Jordán los demás palestinos, incluidos los trabajadores y los propietarios de tierras no residentes, deben obtener unos permisos que no les permiten pernoctar en la zona, por lo que deben desplazarse cada día y soportar las demoras que se producen en los puestos de control. Ello ha causado el aislamiento del valle del Jordán. Las restricciones de los traslados dificultan el acceso de los agricultores del valle del Jordán a los mercados de la Ribera Occidental porque con frecuencia sus productos quedan retenidos en los puntos de control y se estropean. Los intentos de vender esos productos junto a la carretera se han visto frustrados porque las FDI destruyen los puestos de venta.

II. Operación "lluvias de verano": un castigo colectivo

Tras la captura del cabo Gilad Shalit, Israel inició una serie de incursiones militares y bombardeos sobre Gaza, en los que murieron o resultaron heridas muchas personas y se destruyeron viviendas, tierras de cultivo e infraestructuras, en lo que se convirtió en una violación a gran escala de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Durante la Operación cínicamente bautizada "lluvias de verano", las FDI consolidaron su control en Gaza no sólo con brutales bombardeos, sino también con su presencia militar. Ya antes de lanzar la "Operación lluvias de verano" Israel… me pareció claro que el Gobierno de Israel se había propuesto poner sitio a Gaza a fin de provocar un cambio de régimen, sin prestar atención a los derechos humanos -pues los bombardeos y los estampidos sónicos atentaban contra el derecho fundamental a la vida y la dignidad humana- ni respetar los límites impuestos por el derecho internacional humanitario. Estaba ya claro que el castigo colectivo sería el instrumento utilizado para provocar el cambio de régimen.

Muerte de civiles y destrucción de viviendas

Las FDI han realizado numerosas y repetidas incursiones en la Franja de Gaza en las que han causado la muerte de civiles y la destrucción de viviendas. Desde el 25 de junio de 2006, han resultado muertos 184 palestinos (por lo menos la mitad de ellos civiles), de los cuales 42 eran niños. Unas 720 personas, entre ellas 168 niños y 21 mujeres, han resultado gravemente heridas. Un soldado israelí resultó muerto y 25 israelíes resultaron heridos, 11 de ellos cuando fueron alcanzados por cohetes de fabricación casera lanzados desde Gaza. Han seguido los asesinatos selectivos, con los inevitables "daños colaterales" que producen entre la población civil.

Las incursiones más violentas han tenido como objetivo Beit Hanoun, Beit Lahia, Sajiyeh, Deir el-Balah, el campamento de refugiados de el-Maghazi, Rafah y Jan Yunis. Durante los ataques, llevados a cabo con tanques y bulldozers, se ocuparon casas que han sido transformadas en bases militares. Las casas han sufrido daños importantes y varios cientos de ellas han sido destruidas.

El significado de terrorismo

Israel ha seguido bombardeando implacablemente la Franja de Gaza desde el 25 de junio. Al 3 de agosto, la FAI había efectuado al menos 220 bombardeos, y los aviones de caza habían disparado misiles de aire a superficie. Al mismo tiempo, aviones F-16 sobrevolaban Gaza a baja altura, rompiendo la barrera del sonido y provocando estampidos sónicos tan ensordecedores como los bombardeos. Los estampidos sónicos aterrorizaban a la población, especialmente a los niños. Si el término terrorismo tiene algún significado, esta situación nos ofrece una buena ilustración.

Lo que sigue ha sido escrito por una médica de Gaza sobre los efectos que los estampidos sónicos y los bombardeos de la artillería han provocado en su hija de 13 años: "Cuando los aviones de combate de Israel vuelan día y noche, el sonido es aterrador. Generalmente, mi hija salta a mi cama, temblando de miedo, y las dos terminamos acurrucadas en el piso. Aunque el corazón se me acelere, trato de tranquilizar a mi hija y hacerla sentir a salvo. Pero cuando suenan las bombas, me estremezco y grito. Mi hija siente mi miedo y sabe que necesitamos tranquilizarnos mutuamente. Soy médica, madura y de mediana edad, pero con los estampidos sónicos me vuelvo histérica" (Dra. Mona El-Farra, The Boston Globe, 10 de julio de 2006).

Los militares israelíes han recurrido a un nuevo método de terror psicológico. Agentes de los servicios de inteligencia militar de Israel llaman por teléfono a palestinos de Gaza y les advierten de que sus casas serán bombardeadas en menos de una hora. Unas veces la amenaza se hace realidad y otras no. Inevitablemente, la táctica ha sembrado la angustia y el pánico entre los palestinos.

Muchos palestinos han sufrido quemaduras, principalmente en los miembros inferiores, que en muchas ocasiones han debido ser amputados. El Ministro de Salud palestino ha pedido que se realice una investigación independiente de este fenómeno.

Los aviones israelíes han atacado deliberadamente edificios públicos de Gaza. Han destruido las sedes de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Economía Nacional, y la Oficina del Primer Ministro. Esas acciones no tienen por objeto preservar la seguridad y sólo pueden interpretarse como un intento de socavar las instituciones del Gobierno. También se han destruido varias instituciones de enseñanza, así como seis puentes

Destrucción de las redes de servicio público

El 28 de junio de 2006, la Fuerza Aérea de Israel (FAI) destruyó seis transformadores de la única central eléctrica situada en la Franja de Gaza, que suministraba el 43% de la electricidad consumida a diario en la Franja. Las operaciones militares de Israel también han destruido las principales redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Por otro lado, el oleoducto de Nahal Oz, el único que abastece de combustible a la Franja de Gaza, se cierra con frecuencia, lo que a su vez obstaculiza el funcionamiento de los generadores utilizados para el abastecimiento normal de agua.

La importante reducción del suministro de electricidad y combustible, junto con los trastornos en el abastecimiento de agua, han deteriorado gravemente la vida diaria de los palestinos, que no tienen luz de noche ni electricidad para cocinar. Además, es imposible bombear agua a los pisos superiores de los edificios. Las alcantarillas corren peligro de desbordarse. Esta situación ha tenido graves consecuencias para los hospitales, donde los apagones han obligado a utilizar generadores en los equipos esenciales para salvar vidas.

En los ataques se han causado daños en escuelas. Se han arrancado olivos y árboles frutales, y se han destruido tierras de cultivo en operaciones de nivelación de terrenos. Se han provocado daños en cañerías de agua y en postes de electricidad y teléfonos. Muchas familias se han visto obligadas a huir de sus casas. A pesar de que el Tribunal Superior de Israel ha prohibido utilizar seres humanos como escudos, las FDI han detenido a civiles y los han utilizado como escudos humanos durante las operaciones de derribo y de detención de personas. Las incursiones militares han ido acompañadas de bombardeos aéreos y de artillería contra viviendas que han causado la muerte de muchos civiles.

Las fuerzas de Israel demolieron el muro exterior del nuevo hospital de urgencias de Beit Hanoun. A pesar de todo, y con graves carencias, el hospital sigue funcionando. La actual crisis hace casi imposible enviar pacientes de la Franja de Gaza al extranjero. Los pacientes no pueden pasar por los puestos de control y tampoco obtienen permisos.

Crisis humanitaria

Cuatro de cada diez palestinos viven por debajo del umbral de la pobreza. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que la tasa de desempleo es de más del 40% de la fuerza laboral Palestina. No obstante, los empleados del sector público, que constituyen el 23% de los empleados del territorio palestino ocupado, conservan sus empleos, pero no cobran sus salarios.

Cerca de 1 millón de los 3,5 millones de habitantes de Palestina se ven directamente afectados por el impago de los sueldos de cerca de 152.000 funcionarios (y sus familias), pero el conjunto de la población también se ha visto afectado indirectamente. Además, como la Autoridad Palestina tiene a su cargo más del 70% de las escuelas y del 60% de los servicios de atención de la salud en el territorio, tanto la educación como la atención de la salud se han visto considerablemente afectadas.

En Gaza, la tasa de pobreza es del 75% debido, principalmente, al sitio que sufre la zona. La inseguridad alimentaria es en parte resultado de la falta de poder adquisitivo, ya que son pocas las personas con dinero suficiente para adquirir los alimentos básicos que necesitan sus familias. Los precios de los alimentos se han disparado y el abastecimiento se ha reducido debido a la operación militar en curso.

El impago de los salarios de los trabajadores de la salud ha provocado el absentismo, ya que los trabajadores no pueden ni siquiera pagar el transporte para acudir al lugar de trabajo. Los medicamentos y las vacunas escasean; los hospitales no pueden ofrecer tratamiento adecuado a los enfermos de cáncer ni a los pacientes que requieren diálisis renal; y el traslado de pacientes a hospitales de otros lugares de la Ribera Occidental, y en particular a Israel y Egipto, se ha hecho particularmente difícil debido al cierre de las fronteras y la denegación de permisos.

La salud pública está en peligro por la escasez de agua potable y por las fugas del alcantarillado. Los casos de diarrea registrados aumentaron en un 163% en comparación con el mismo período del año pasado. Se teme que reaparezcan enfermedades contagiosas como el cólera y la poliomielitis.

Los buques de la armada israelí han impedido a los palestinos pescar a lo largo de la costa, por lo que ya no se consigue pescado en los mercados locales. Los cortes de electricidad han obligado a reducir la producción de los molinos de harina de trigo, las fábricas de alimentos y las panaderías. Además, muchos alimentos se echan a perder porque ya no hay suficiente capacidad para preservar los productos perecederos. Las reservas de azúcar, productos lácteos y leche son muy escasas debido a las restricciones del suministro desde Israel.

El cierre del paso de Rafah también ha perjudicado gravemente a los palestinos que se encontraban del lado de Gaza, sobre todo a quienes vivían en el extranjero y estaban visitando a familiares en Gaza. La actuación de los supervisores de la Unión Europea a este respecto es más que cuestionable. Su función es supervisar el paso. Indudablemente cabría esperar cierto grado de valentía y compasión por parte de los supervisores de la UE, y no sólo que acatasen los dictados del Gobierno de Israel.

Palestina y Sudáfrica no suscitan la misma compasión

En buena medida, la crisis humanitaria ha sido provocada por la interrupción de la financiación de la Autoridad Palestina desde que Hamás ganó las elecciones. La economía palestina, que depende en gran medida en los fondos de los donantes desde 1994, ha sufrido las dramáticas consecuencias de la retención de los fondos por Israel y la comunidad internacional desde la elección de Hamás. Este estrangulamiento económico ha tenido las repercusiones graves en los derechos económicos y sociales de los palestinos.

Los palestinos se han visto sometidos a sanciones económicas, lo cual constituye el primer caso de ese tipo de trato a una población ocupada. Esta situación es difícil de entender. Israel viola importantes resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y sin embargo, elude la imposición de sanciones. Mientras tanto, el pueblo palestino, más que la Autoridad Palestina, se ve sometido a las que tal vez sean las formas más estrictas de sanciones internacionales impuestas en los tiempos modernos.

Es interesante recordar que los Estados occidentales se negaron a imponer verdaderas sanciones económicas a Sudáfrica para obligarla a poner fin al apartheid, porque consideraban que con ello se perjudicaría a la población negra de Sudáfrica. Pero los palestinos y sus derechos humanos no suscitan la misma compasión.

Una forma flagrante de castigo colectivo

Las acciones que lleva a cabo Israel deben examinarse desde el punto de vista de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia antes citada, ambos regímenes son aplicables a la conducta de Israel en el territorio palestino ocupado.

Israel ha violado una serie de derechos proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ha violado las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario, lo que se define como crímenes de guerra en el artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra y el artículo 85 del Protocolo I.

El uso indiscriminado y excesivo de la fuerza contra personas civiles o bienes de carácter civil, la destrucción de las redes de suministro de electricidad y de agua, el bombardeo de edificios públicos, las restricciones a la libertad de circulación y las consecuencias de estas acciones para la salud pública, la alimentación, la vida familiar y el bienestar psíquico del pueblo palestino constituyen una forma flagrante de castigo colectivo.

Los palestinos no están libres de culpa en lo que a bombardeos se refiere. Los militantes siguen disparando cohetes Qassam indiscriminadamente contra Israel, siguen hiriendo a civiles israelíes, dañando infraestructura civil y atemorizando a la población civil que vive en las inmediaciones de la frontera de Gaza. Se estima que se disparan ocho o nueve cohetes por día.

Aunque no pueden aprobarse ni la captura del cabo Gilad Shalit ni los lanzamientos constantes de cohetes Qassam contra Israel, esos actos tampoco pueden servir para justificar el drástico castigo que Israel ha impuesto a todo un pueblo.

III. Conclusión: estos azarosos tiempos

El Cuarteto: La diplomacia ha cedido a la coherción

Lamentablemente, en la actualidad el Cuarteto (Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos de América y Rusia) impone medidas punitivas destinadas a obligar a Hamás a cambiar su posición ideológica, o a provocar un cambio de régimen. Cabe preguntarse si las Naciones Unidas están autorizadas jurídicamente a participar en la coerción económica a través del Cuarteto sin seguir sus propios procedimientos estipulados en la Carta. En cualquier caso, la diplomacia ha cedido el paso a la coerción.

De nada sirve recomendar a Israel que respete los derechos humanos

De nada sirve que el Relator Especial recomiende al Gobierno de Israel que respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otros órganos con mayor autoridad, como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, han hecho llamamientos análogos con tan poco éxito como los informes anteriores del Relator Especial.

Sólo cabe un llamado general

También carece de sentido que el Relator Especial haga un llamamiento al Cuartero para que vele por que se restauren los derechos humanos, ya que ni el respeto de esos derechos ni el del principio de legalidad ocupan un lugar prominente en los planes de ese órgano como se observa en sus declaraciones públicas. En esas circunstancias, el Relator Especial no puede sino hacer un llamamiento a la comunidad internacional en general para que se interese por la suerte del pueblo palestino.

Hay que pasar a la acción

Las Naciones Unidas deben mostrar mayor interés por los derechos humanos de los palestinos. En informes como el presente se ponen de manifiesto las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, pero es indispensable que la Organización pase realmente a la acción en estos azarosos tiempos.

* Para la edición, se suprimió alrededor de la mitad del texto y se reorganizó la información, respetando el texto original, inclusive las debilidades de la traducción. Todas las frases son citadas textualmente, aunque a menudo cambiando de lugar y en ocasiones suprimiendo sintagmas. Los títulos contienen conceptos y palabras utilizadas en el texto del informe.

Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (Venezuela)

ANMCLA Líbano (www.anmcla.org/libano)

Texto completo: Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967