Venezuela, miércoles 08 de septiembre del 2010 |
(Argentina) Desmonopolizar legal y económicamente los medios  Toda concentración de los medios de comunicación, en el mundo globalizado, cuenta con la planificación de empresarios con afán de quedarse con todo, respaldándose en los gobiernos de turno. En la década de los 90, florecieron los emprendimientos mediáticos en toda Latinoamérica. Al amparo de las políticas neoliberales que encontraron en los medios masivos de comunicación la posibilidad de consolidarse en la región, los gobiernos dieron apoyo legal y económico para lograr los monopolios mediáticos. Argentina no podía quedarse al margen, y durante más de dos décadas de democracia representativa dejó en vigencia el decreto ley 22.285 firmado por la dictadura militar. Lo legal ya estaba asegurado para comenzar con la monopolización de la comunicación. Pero sólo con una ley a su favor, no pudieron afianzarse grandes multimedios: y necesitaban del sostén económico. Es lo económico el objetivo consolidado por los medios para generar monopolios. El grupo Clarín logró a lo largo de años el apoyo de la pauta oficial sin importar quien ocupara el sillón de Rivadavia. El gobierno de los Kirchner no es la excepción. De los siete años al frente del Gobierno Nacional, cinco de ellos pusieron a Clarín y a Canal 13 como los mejores clientes para publicitar su política. Al menos en la superficie, el conflicto del campo desarticuló una alianza entre los Kirchner y Clarín que hasta el 2008 dio para el multimedio excelentes frutos. Según el último informe elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre el gasto de publicidad oficial del Poder Ejecutivo, durante el periodo 2003-2008 el Grupo Clarín recibió 49.943.327 de pesos, unos 12.695.294 dólares. El diario Clarín fue el mayor beneficiario de la prensa gráfica con la módica suma de 27.197.843 de pesos argentinos. Con relación a la televisión por aire, Canal 13, del mismo grupo mediático, también ocupó el primer puesto con la adjudicación de aproximadamente 17 millones de pesos. En la televisión por cable Todo Noticias (TN) recibió casi 3 millones de pesos, mientras que Radio Mitre corrió la misma suerte, con 2.745.493 millones de pesos. Estos datos son los últimos publicados oficialmente por el Poder Ejecutivo, ya que el Gobierno le negó a la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles, información sobre la pauta oficial del último semestre de 2009, aduciendo que involucra datos personales. De esta forma viola el decreto 1172, que le garantiza a la ciudadanía el acceso a la información pública. Para desmonopolizar la comunicación, no sólo es bienvenida una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales,: también es indispensable reglamentar la pauta oficial para que los gobiernos de turno no hagan de un derecho humano, una herramienta para intereses partidarios. |
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