06 de mayo de 2011

Posición de Gerardo Rojas, de ANMCLA, ante la Asamblea Nacional

Aportes a la Propuesta de Ley de Comunicación Popular

Buenos días compañeros y compañeras.

 Les hablo como delegado de Lara Tvec, pero también como vocería Mesa Técnica de Telecomunicación de la Comuna Socialista Ataroa y militante de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA)

Y quizás en esta trilogía, medio comunitario, comuna y movimiento social se resume parte de lo que necesitamos legislar para terminar de abrirle las compuertas al pueblo del hecho comunicacional.

 Y es que es necesario preguntarnos donde estamos transitando ahora como proceso político, cuales son nuestras tareas históricas en la revolución y cuales son las leyes que necesitamos para llevarlas a cabo.

Si nos vemos en lo político, tenemos que avanzar de un estado liberal burgués representativo a un estado comunal participativo. En lo económico de una economía capitalista, depredadora y rentista a una economía productiva, ecológica y de propiedad social. En cualquiera de las áreas estructurales avanzar hacia el socialismo es romper los diques del capital, permitir al pueblo ser partícipe y dueño de su destino.

 ¿Cuál es la tarea entonces en la comunicación? Pasar de una sociedad donde la comunicación es una mercancía, donde unos pocos tienen el poder de acceso a los medios, a una sociedad donde todos tengamos el derecho y el poder de comunicarnos.

 ¿Con que leyes contamos? Si leemos el marco legal vigente, sobre todo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, nos encontramos con una ley típicamente liberal, transversalizada por la idea de mercado, y favorecedora del gran capital, aún después de los artículos reformados el año pasado que le dieron carácter de servicio publico a la administración del espectro. Sólo a modo de ejemplo la palabra “mercado” es nombrada 15 veces, “competencia” 36 veces, la palabra “comunitaria” 5 y “popular”  es nombrada solo una vez.

 Y si nos dirigimos, aguas debajo de la Ley, al Reglamento de medios comunitarios nos encontramos, más allá de sus indudables buenas intenciones, con un instrumento restrictivo, que asume la comunicación comunitaria y alternativa como un hecho marginal, que solo lee la comunicación popular desde los pequeños territorios y que deja la propiedad de todos los “cañones comunicacionales” al Estado y los privados. Pero bueno eran otros tiempos, la revolución daba sus primeros pasos y todavía Miquilena jefeaba en las filas del proceso.

 Después de que aprobamos esta ley renacionalizamos el petróleo, combatimos un golpe de Estado y un paro petrolero, creamos las misiones, declaramos el rumbo socialista y antimperialista del proceso, promulgamos las cinco leyes del poder popular, en fin … mucho hemos caminado.

 Es para nosotros entonces como ANMCLA, y así lo propusimos en dos marchas que terminaron en ésta Asamblea realizadas el 19 de julio de 2008 y el 23 de julio del 2009, que es perentorio y es un deber de ustedes como legisladores y de nosotros como pueblo organizado, tanto la promulgación de una Ley de Comunicación Popular como la reforma integral de la Ley de Telecomunicaciones vigente.

¿Qué debe para nosotr@s contener una Ley de Comunicación Popular?

 En vista del poco tiempo que tenemos realizaremos sólo un esbozo de lo más importante:

 1. Primero que nada debe verse integralmente como una Ley más, la sexta, de las cinco Leyes del Poder Popular aprobadas en diciembre pasado. Es decir en el espíritu de la construcción del poder popular y del Estado comunal. Por ello se debe impulsar la construcción del Sistema Público de Comunicación en manos de las Comunidades Populares, asumiendo la línea de propiedad social no estatal presente en dichas leyes, que implica articular medios territoriales con otros regionales y/o nacionales, estos vinculados a movimientos sociales o a articulaciones de las iniciativas de medios comunitarios. Es sumar desde abajo, aprovechando la potencia de un número importante de medios transformados en Sistema.

 2. En segundo lugar la ley debe diferenciar entre el sistema de medios del estado, el sistema de medios del poder popular y los medios privados, dándole alta prioridad a la habilitación de los medios del poder popular. Eso implica asumir la comunicación como un servicio público en el marco de la construcción del socialismo. Entendemos cualquier opción de partición del espectro como dependiente de una reforma de la Ley de Telecomunicaciones.

 3. En tercer lugar la ley debe entender la comunicación popular en su multiversalidad y abrir cauce, más que cerrarlo. Si bien tenemos que hacer hincapié en un sistema de comunicación comunal, construido sobre las comunas, ejes comunales y ciudades comunales, no podemos solo legislar sobre el medio comunitario, o el medio comunal. Debemos abrir el espacio para que los distintos tipos de organizaciones del poder popular puedan tanto producir como ser operadores de medios. En una realidad socialista debería existir por ejemplo una radio de los frentes campesinos o una televisora de los compañeros de las fábricas bajo control obrero. En este sentido es necesario romper con el paradigma, establecido en el reglamento, de la fundación como modelo para los operadores de medios populares. Una comuna, un sindicato, un colectivo revolucionario o un movimiento social pueden ser operadores de medios, ya que la comunicación debe ser un eje fundamental para cualquier proyecto integral de lucha contra el capitalismo.

 4. En cuarto lugar el alcance de los medios populares debería establecerse de acuerdo a la territorialidad de los colectivos que participan en ellos y no a arbitrarias definiciones en el plano como parroquia o municipio.

 5. En quinto lugar, mientras se hace realidad la potencia de la economía comunal y las empresas de propiedad social puedan darle sostenibilidad a los medios, debemos establecer mecanismos de financiamiento que permitan a los medios populares sobrevivir dentro de esta economía capitalista. A tal fin proponemos que se cree para ello una partida del presupuesto nacional cuya distribución sea realizada por una comisión con participación colegiada del Minci, Conatel y las organizaciones de medios.

 6. En sexto lugar la relación entre el Estado y los medios comunitarios y populares debería privilegiar el impulso de la producción de contenidos y el financiamiento a los espacios formativos, antes que las pautas publicitarias. Mientras la producción y la formación dejan saldos organizativos, las pautas tienden a desarrollar relaciones clientelares.

Por último compañeros y compañeras. Esto que hemos leído es una síntesis de un papel de trabajo que hemos desarrollado en el movimiento. Entendemos que hoy se hace entrega acá de una propuesta de ley elaborada por algunos colectivos de medios. Bienvenido sea el debate fraterno y con sentido unitario que hagamos a nivel nacional en base a los distintos papeles de trabajo. Que de éste esfuerzo de todos nazca una Ley de Comunicación Popular a la altura de las necesidades de este momento histórico.

 Muchas gracias.